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XI

  • Jorge Ocaña
  • 8 jul 2019
  • 2 Min. de lectura

El Congreso estaría formado por un máximo de 400 miembros elegidos cada dos años en distritos uninominales por mayoría absoluta de sufragios válidos emitidos a dos vueltas, si en la primera no se lograse dicha mayoría.


Las elecciones serían cada dos años, y habría un total de 400 diputados. Los candidatos se presentarían, bien por un partido o bien de forma independiente, en una circunscripción, donde en cada una de ellas podrían concurrir tantos candidatos como quisiesen mientras que no se estuviesen presentando a la vez en otra circunscripción diferente. Si tras el recuento electoral ninguno de los candidatos presentados sacase la mitad más uno de los votos válidos emitidos habría que concurrir a una segunda vuelta la semana siguiente en los términos que marcase la ley electoral. Pudiendo concurrir los dos candidatos más votados en la primera vuelta, o bien aquellos que hubiesen superado en la primera vuelta un umbral de votos determinado.


Cada distrito electoral estaría compuesto por 100.000 electores. El número total de diputados, que coincidiría con el de distritos, atendería al número total de electores en el territorio nacional. Cuando este número hubiese superado los 40 millones, los distritos se establecerían mediante un prorrateo para lograr una composición homogénea de los mismos. No se incluirían electores de otra unidad geográfica para completar un distrito hasta que todos los electores de la misma unidad se encontrasen insertos dentro de uno.


Las circunscripciones serían delimitadas territorialmente por la ley electoral, pero habrían de estar compuestas por 100.000 electores cada una. Cuando el número de electores superase el de 40 millones, la ley electoral tendría que readaptar las circunscripciones para dar cabida a algo más de 100.000 electores en cada una de ellas, haciendo esa transición de forma progresiva y homogénea. El cálculo del número de electores que habría que redistribuir dentro de cada circunscripción es el prorrateo, y el proceso de redistribución debería llevarse a cabo teniendo en cuenta las características geográficas; provinciales, municipales, y de barrios, respetando sus delimitaciones.

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